Desde la tarde del 29 de agosto de 2008 a muchos de nosotros se nos aplicó un juicio sumario, sin derecho a defendernos y con la condena establecida: humillación, desprestigio y despido. Para los que somos periodistas, se atentó contra nuestra Libertad de Expresión y comenzó una cacería de brujas.

Periodísticamente he basado mi trabajo de más de 30 años en reflejar la realidad a través de testimonios y fuentes oficiales.

En este caso y ese viernes, Carlos Briseño, amparado, todavía era Rector General de la Universidad de Guadalajara, y esta semana se me dio la razón a través de una instancia legal y reconocida como tal: el Juzgado Tercero de Distrito en materia administrativa.

Periodísticamente, que es mi terreno y por lo que se me contrató como Director de Información, entrevisté a las 8 y media de la mañana del 1 de septiembre de 2008, en Radio Universidad, (espacio que conducía y dirigía), a Marco Antonio Cortés Guardado.

Debido a que no le dije Rector General, al salir de la emisión, el Director General de Medios, me corrió.

Periodísticamente –insisto- yo lo plasmé dado que en ese momento no había una instancia legal que avalara el nombramiento de Cortés Guardado. A esa hora de aquel lunes siguiente a la destitución de Briseño, ni la SEP, ni la ANIUES, ni siquiera el gobierno de Jalisco, habían dado su versión. Eso le cuestioné a Cortés Guardado y él respondió que lo avalaba el Consejo General Universitario. Yo cumplí con preguntarle y él en responderme.

Casi un año después, con Briseño aún amparado, esta semana se determinó que “el juez decidió que el juicio está sobreseído, es decir, que ya no está vigente, porque debía haberse interpuesto ante un tribunal laboral y no uno administrativo”.

Ahora sí -recalco, periodísticamente-, ya puede decirse que el amparo no es válido y que la resolución del CGU del viernes 29 de agosto de 2009 puede interpretarse como legal.

A raíz de ello, se me suprimió de programas de radio y televisión, y tuve que presentar mi renuncia como Director de Información a fines de septiembre de 2008, a pesar que mi contrato tenía como vigencia hasta del 31 de marzo de 2013. Lo hice por el hostigamiento laboral a que fui sometido en esos momentos y a las condiciones económicas. No tenía ni tiempo ni dinero para presentar mi queja. Así que oficialmente y “por mi voluntad” me quitaron.

No me fui solo. Gente involucrada en mi trabajo y ligada a mí, también fue presa de ese atentado a la Libertad de Expresión. En ese listado se incluyó hasta la telefonista del programa, que nunca tuvo contacto con Briseño, como muchos más que no tenían vela en ese entierro.

Puede discutirse que un año es mucho tiempo para dar un resultado, puede calificarse de errónea la rectoría de Briseño de un año 5 meses, puede señalarse que el juez pudo haberse dado cuenta inmediatamente que no le correspondía el caso, pero lo que no debe negarse es la oportunidad a expresar que se actuó conforme a derecho, periodística e institucionalmente.

Quedé marcado, ninguneado, desempleado, humillado y silenciado.

Certifico en este medio y otros donde he buscado cabida, que hasta que el juez dictó esta semana su decisión, periodísticamente tenía razón aquel 1 de septiembre de 2008, y ya puede citarse una fuente oficial, aunque el abogado de Briseño seguramente interpondrá recursos legales al respecto y esto puede prolongarse.

Pero lo que sea, tuvo que pasar casi un año para dejar constancia. Fuimos culpables de algo que nunca supimos. Somos inocentes por trabajar cabalmente en el estricto rigor periodístico.

Hoy se puede decir que Cortés Guardado es Rector General y que un juez así lo confirma, por lo menos hasta que esto llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si acepta analizarlo.

Que un organismo público, con carácter universitario, no respete la institucionalidad, la ley y actúe contra la Libertad de Expresión, es grave porque marca un precedente y conforma una pauta laboral de alineamiento que atenta contra la pluralidad y la universalidad que toda universidad –valga sí la redundancia- debe defender.

Todo ello está enmarcado en el libro “Manual de Estilo y Código de Ética” de mi autoría junto con más colaboradores, publicado por la propia Universidad de Guadalajara, y firmado por el mismo Director General de Medios, un tal Rogelio Campos.

Si eso (el Manual) se publica con recursos públicos de la UdeG, se reparte, se presenta, se da, parto de la idea que debe cumplirse y ser congruente.

Voluntariamente a fuerzas me renunciaron por algo que periodísticamente hoy tiene sustento.